El expresidente Alejandro Toledo deberá enfrentar 30 meses adicionales de prisión preventiva, dictados por el Poder Judicial en el contexto de las investigaciones sobre corrupción en su administración. La decisión se basa en nuevas evidencias y en la necesidad de asegurar que el exmandatario no eluda la justicia mientras continúan las pesquisas sobre los cargos de soborno y lavado de activos que se le imputan.
La medida cautelar prolonga el tiempo que Toledo permanecerá bajo custodia mientras se resuelven los cargos en su contra. Las autoridades judiciales argumentan que esta extensión es necesaria para evitar riesgos de fuga y asegurar la presencia del acusado durante el proceso judicial.
Este nuevo dictamen intensifica el proceso legal contra Toledo y mantiene el foco en el escándalo de corrupción que sacudió la política peruana. El exmandatario, quien ya enfrenta varias acusaciones graves, se verá sometido a una vigilancia estricta hasta que se emita un fallo definitivo sobre su culpabilidad.
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